Realidad presupuestaria y marco legal de la salud mental en México
En México, la salud mental ha ganado visibilidad en la agenda pública, especialmente tras la pandemia de COVID-19. Sin embargo, persisten desafíos significativos en su atención, particularmente en lo que respecta al marco legal y la asignación presupuestaria.
Según el CIEP, el presupuesto destinado a la salud mental en 2024 representa apenas el 1.3% del total asignado al sector salud, muy por debajo del 5% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para países de ingresos medios. Este porcentaje ha fluctuado entre el 1.3% y 1.6% desde 2016, evidenciando una inversión constante pero insuficiente. Para 2024, se aprobaron 3,819.4 millones de pesos para salud mental. De este monto, el 62% está destinado a la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA), creada en 2023. El resto se distribuye entre el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y los Centros de Integración Juvenil.
El marco legal mexicano reconoce la salud mental como un derecho humano esencial. No obstante, la atención se ha centrado históricamente en el tratamiento de trastornos en etapas avanzadas, descuidando la prevención y la atención primaria. El Programa Nacional de Salud Mental 2024-2030 busca revertir esta tendencia, promoviendo un enfoque preventivo y comunitario, con especial atención a grupos vulnerables como jóvenes, adultos mayores y víctimas de violencia.
La falta de inversión en salud mental tiene repercusiones significativas. Trastornos como la depresión y la ansiedad afectan la productividad laboral, incrementan el ausentismo y generan costos económicos considerables. Además, se ha observado un aumento alarmante en los intentos de suicidio, especialmente entre los jóvenes, con un incremento de más del 600% desde 2006.
Para mejorar la atención a la salud mental en México, es crucial:
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Aumentar la inversión: Elevar el presupuesto destinado a salud mental al menos al 5% del total del sector salud.
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Fortalecer el marco legal: Implementar leyes que garanticen el acceso equitativo a servicios de salud mental y promuevan la prevención.
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Desarrollar infraestructura y recursos humanos: Incrementar el número de profesionales especializados y mejorar las instalaciones dedicadas a la salud mental.
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Promover la educación y sensibilización: Reducir el estigma asociado a los trastornos mentales mediante campañas de concientización.
La salud mental es un componente esencial del bienestar individual y colectivo. Abordarla con seriedad y compromiso desde el ámbito legal y presupuestario es una tarea pendiente que no admite más postergaciones.
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