La SCJN reconoce discriminación contra mujer trans

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido una sentencia histórica que reconoce que negar el acceso a baños a una persona trans constituye un acto de discriminación y, por lo tanto, implica una presunción de daño moral que debe ser indemnizado.

El fallo responde a una demanda interpuesta en 2015 por las activistas Jessica Marjane y Alessa Flores, quienes fueron discriminadas al intentar ingresar a un baño en el centro comercial Reforma 222, en la CDMX. Las activistas fueron interceptadas por elementos de seguridad y se les negó el acceso por su identidad de género.

Después de casi una década de lucha judicial, la SCJN reconoció la discriminación y ordenó la reparación del daño moral. Lamentablemente, Alessa Flores, activista trans y defensora de derechos humanos, no pudo presencia este triunfo, ya que fue víctima de un crimen de odio en 2016, que hasta la fecha sigue sin resolverse; su caso refleja la grave situación de violencia e impunidad que enfrenta la comunidad trans en México, donde entre 2015 y 2022, se registraron más de 400 asesinatos de personas trans.

Jessica Marjane, activista y asesora jurídica, señaló que este fallo representa un principio de justicia y reparación para la comunidad trans en México, Además, enfatizó que este dictamen envía un mensaje claro contra las políticas antiderechos y los discrusos de odio, y abre una puerta para futuras denuncias en casos similares.

Según la Encusta Nacional sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género (ENDOSIG, 2018), en México, el 51% de las personas trans ha sufrido discriminación al intentar acceder a baños públicos acorde a su identidad de género. La SCJN determinó que la discriminación basada en identidad y expresión de género no requiere pruebas adicionales de daño moral, lo que facilita los procesos de reclamación para las víctimas.

Marjane, quien ahora lidera la iniciativa "Baños para Todes", trabaja para visibilizar y documentar estos actos de discriminación y llevarlos ante las autoridades locales y federales.

Esta sentencia marca un avance significativo en la defensa de los derechos humanos de las personas trans en México. No obstante, aún persisten desafíos en materia de justicia, igualdad y seguridad para la comunidad trans. El caso también subraya la necesidad urgente de erradicar la discriminación y violencia de género, así como de garantizar condiciones de vida dignas y seguras para todas las personas.

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